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R E S U M E N E J E C U T I V O D E L I N F O R M E A N U A L D E 2 0 1 6

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Garantía de procesos efectivos

y transparentes que respalden

el trabajo de la ABE

Participación de las partes interesadas

en la labor normativa de la ABE

Una parte fundamental del compromiso de

la ABE con las partes interesadas se expresa

a través del Grupo de partes interesadas del

sector bancario (GPISB). La opinión de este

grupo se solicita en temas que afectan a las

NTR y NTE, directrices y recomendaciones, en

la medida en la que no afecte a entidades fi-

nancieras concretas. En 2016, el GPISB emitió

dictámenes sobre 16 documentos de consul-

ta, incluidas 3 contribuciones relativas a do-

cumentos de consulta y 3 respuestas a docu-

mentos de debate de la ABE.

El tercer mandato del GPISB comenzó el 18 de

abril de 2016. De los 30 nuevos miembros, 6 ya

participaban en el GPISB, 2 fueron reelegidos

y 17 eran nuevos miembros que representa-

ban entidades de crédito e inversión (3 de los

cuales representan cajas de ahorros o coope-

rativas bancarias), consumidores y usuarios,

académicos, pymes y empleados de entidades

financieras.

Compromiso con las autoridades

de resolución de la UE

En 2016, la ABE intensificó sus esfuerzos en

términos de compromiso con las autoridades

nacionales de resolución y la Junta Única de

Resolución (JUR) para supervisar y apoyar

una aplicación armonizada del marco de ges-

tión de crisis y contribuir a una planificación

de resolución coherente y efectiva en toda

Europa. Se llevaron a cabo una serie de tareas

para dar apoyo a este objetivo:

ƒ

ƒ

un programa de formación para autorida-

des de resolución y autoridades competen-

tes centrado en los principales aspectos del

marco regulador para la resolución;

ƒ

ƒ

una encuesta sobre los aspectos organi-

zativos de las autoridades nacionales de

resolución;

ƒ

ƒ

compromiso bilateral activo con varias au-

toridades nacionales de resolución.

Infracción del Derecho de la Unión

En 2016, la ABE recibió 11 solicitudes para

investigar una presunta infracción o no apli-

cación del Derecho de la Unión. Desde una

perspectiva temática, el número de casos es

demasiado limitado para identificar tenden-

cias, aunque 4 de las peticiones estaban re-

lacionadas con la estructura de gobierno de

entidades de crédito y 2 con problemas rela-

cionados con sistemas de garantía de depó-

sitos. Las otras solicitudes plantearon pre-

guntas relacionadas con el DRRB, la Directiva

sobre créditos hipotecarios, la seguridad de

los pagos en línea y la Directiva sobre servi-

cios de pago, y la supervisión de la lucha con-

tra el blanqueo de capitales. El 23 de diciem-

bre de 2016, la Junta de Supervisores adoptó

una decisión de la ABE revisada que adoptaba

un reglamento interno para la investigación de

la infracción del Derecho de la Unión.